Aerolíneas Argentinas: una enorme deuda con la transparencia del gasto público

Con una conferencia de prensa en el día de ayer se anunciaron cambios en la operatoria de Aerolíneas Argentinas tendientes a reducir el déficit operativo de la compañía. Por supuesto que creemos imprescindible que se atienda el enorme costo fiscal que resulta para nuestro país la línea aérea de bandera, pero eso no es suficiente, los ciudadanos que sostenemos con nuestros impuestos semejante gasto fiscal merecemos conocer el destino de los más de 2200 millones de dólares que desde el 2008 hasta la fecha el Poder Ejecutivo Nacional lleva invertidos en la compañía.

Desde esa fecha el PEN viene ejerciendo el pleno control de las decisiones societarias, al tiempo que, el Tesoro Nacional financia el déficit operativo de la misma y realiza significativas inversiones en bienes de capital, sin embargo la calidad del servicio no ha mejorado, tampoco se ha producido la mentada renovación de la flota y por el contrario se ha aumentado en más de 2000 cargos el personal de la compañía.

De acuerdo a fuentes del sector, los costos operativos de la compañía serían 40% superiores al promedio de la industria y sus ingresos – como mínimo- un 10% inferiores a los que podrían generarse con un servicio gestionado eficientemente. Asimismo, cabe considerar que mientras las ganancias promedio (resultado neto/ingresos) de la industria en América Latina fluctúan entre el 4% (TAM/AVIANCA) y 19% (COPA), esa relación es de 55% negativo en el caso de Aerolíneas Argentinas.

La empresa aún sigue estando en proceso de expropiación, lo que la coloca en un limbo jurídico en materia de controles, es por ello que hace más de un año solicité mediante un proyecto de ley (8212-D-2010) la inmediata incorporación de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas al régimen previsto en el art. 8, inc. b) de la ley 24516 de procedimiento administrativo, toda vez que entendemos que la utilización de fondos públicos para solventar el funcionamiento de la empresa, así como la particular forma en que se desarrolla el proceso de expropiación (con un control de las decisiones societarias en manos del Estado Nacional aún antes de su finalización) son elementos suficientes para sujetar este accionar a la normativa vigente en materia de control administrativo.

Independientemente de las reestructuraciones a futuro debemos conocer el destino de los 2200 millones de dólares que el ejecutivo lleva gastados en la compañía. Los ciudadanos no podemos seguir desconociendo en qué se gasto, cómo se gastó y quién tomo esas decisiones ni quedar rehenes de los intereses cruzados entre los gremios y la conducción de la empresa.

Si hubo o hay focos de corrupción estos deben ser erradicados y sus responsables deben rendir cuentas ante la Justicia. Si se trata de una administración ineficiente, entonces será necesario reemplazarla por una conducción capaz de cuidar la empresa y sobre todo los intereses del Estado Nacional.

Cada peso que el Tesoro Nacional invierte en la compañía es un peso menos que se destina a educación, salud y seguridad es por ello que esperamos y exigimos que la anunciada segunda etapa de la compañía sea la etapa de la transparencia, del control y la racionalización del gasto público.