Nota publicada en Agencia de noticias DYN. El kirchnerismo ha sido experto en disfrazar la realidad mediante frases de campaña. Así, la “democratización de la palabra” fue la construcción de un monopolio de comunicación estatal; la “soberanía energética” consistió en la confiscación de YPF; la “soberanía monetaria” se trató de la confiscación de otra empresa para encubrir un escándalo de corrupción; la reforma para la “transparencia electoral” fue una sucesión de límites a los opositores y de beneficios al oficialismo para mejorar la manipulación de elecciones y la “democratización de la justicia” es un burdo avance sobre la independencia del Poder Judicial. La “década ganada” no es más que una síntesis del “relato” del Gobierno que pretende la ventaja de [...]

Desde hace tiempo la Presidenta de la Nación venía denunciando la existencia de un superpoder por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, movilizando con sus filípicas desde a Hebe de Bonafini con sus insultos hasta a la Procuradora Gils Carbó con el movimiento de Justicia Legítima, que, descalificando a la Justicia, una por “encubridora” y la otra por “ilegitima”, expresaban la i ntención del Gobierno de avanzar sobre el Poder Judicial para terminar de consolidar un poder hegemónico que nadie controle.

La “democratización de la Justicia” fue entonces el slogan elegido para lograr el objetivo de barrer los restos institucionales del sistema republicano.

Las palabras del Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reivindicando el rol judicial de defensa de la Constitución, en ocasión del aniversario del Supremo Tribunal, desnudaban los temores que muchos teníamos: que se intentaría ir por el dominio del Control de Constitucionalidad, verdadero objetivo de este Gobierno.

Es que en algo tenía razón la Presidenta cuando hablaba de superpoderes aunque equivoque el protagonista. Efectivamente en la Argentina hay un superpoder que es todavía garantía de la vida de la República: el superpoder de la Constitución Nacional, que justamente para cuidar su supremacía otorga el control de su cumplimiento al Poder Judicial, garantizándole a su vez la independencia necesaria al efecto.

Cuando se invoca el verbo “democratizar” no puede dársele otro significado que no sea trabajar por más y mejores derechos para los ciudadanos. Cuando esa “democratización” se pretende aplicar a la Justicia no puede sino pensarse en un proyecto integral de reformas procesales e institucionales que garanticen el más amplio acceso de estos ciudadanos -sobre todo los más vulnerables- a la tutela judicial como resorte para operativizar esos derechos. Y así pensamos en la necesidad cierta de una justicia más ágil y menos burocrática, de lenguaje más llano, con procedimientos más sencillos y menos burocráticos.
Pero mientras ésta es la Justicia moderna que consagraron muchos países y a la que se encamina a paso firme buena parte de Latinoamérica, en la Argentina de hoy todavía debemos seguir velando por principios y presupuestos básicos: la igualdad ante la ley, el estado de derecho y la independencia de aquel Poder del Estado que los garantiza.
Es que los proyectos de “democratización” de la Justicia que en menos de un mes pretende implantar el Gobierno, como lo hemos afirmado con firmeza desde el denarvaísmo, no contribuirán en nada a mejorar el servicio de justicia porque no son una verdadera reforma judicial sino de matriz política, y deben ser interpretados en el marco de un proyecto de construcción de poder que atraviesa una coyuntura social y judicial complicada, enmarcada por recortes de libertades, reclamos populares, decisiones judiciales desfavorables y escándalos de corrupción.

El país necesita cambiar. Necesitamos cambiar broncas por alegrías. Soberbia por humildad. Divisiones por Unión. Cambiar prepotencia, por respeto al pueblo y a la constitución. Somos gente normal y por lo tanto nos merecemos un país normal. No queremos seguir yendo hacia atrás. Estamos listos para avanzar hacia el futuro, hacia la enorme oportunidad de progreso que el mundo le ofrece a nuestro país. No podemos desperdiciar este momento. Ese es el desafío que tenemos los argentinos. Crecer y desarrollarnos con justicia social, sin perder tiempo ni energías. Sin bandos enfrentados. Con nuevas ideas para solucionar los viejos y los nuevos problemas. Somos una dirigencia sin rencores, consciente de los avances que se lograron gracias al esfuerzo de todos los [...]

Hoy no estamos trabajando para solucionarle los problemas del día a día, de su realidad, a la gente, cuando lo que debemos hacer es ponernos de acuerdo en tres o cuatro políticas públicas cardinales que los comprendan a todos. Es que los problemas más graves de los argentinos son de los argentinos, de todos los argentinos, de mayorías y minorías, de quienes se manifestaron y quienes no. Ninguno esta exento de la inseguridad, la inflación, la crisis energética o el empleo ni es neutral ante la corrupción del Estado.
La última vez que dialogamos, que trabajamos los consensos, que abrimos el debate y todos pudimos sumar fueron casualmente leyes que le cambian la vida a la gente, como el impulso de la agenda de género a través de la exclusión de avenimiento del Código Penal y de la creación de la figura del femicidio y del femicidio vinculado.
No podemos a un año de la tragedia de once y semanas de las inundaciones, que hizo que la gente le exija responsabilidad y respuestas a los Gobiernos, estar tratando leyes que no solo no le solucionan el problema sino que además le quitan la posibilidad de que puedan garantizar sus derechos frente al Estado a través de medidas judiciales adecuadas como el amparo y las medidas cautelares. Leyes que obstaculizan cualquier reclamo contra actos abusivos u omisiones del Estado.
A días de que se ventilara –por la actividad periodística y no por la intervención del Ministerio Público Fiscal ni la UIF- uno de los más escandalosos casos de corrupción, en lugar de estar viendo como dotamos a la Justicia de los recursos, las herramientas, las garantías y el respaldo institucional que le permitan investigar a fondo y sin cortapisas, estamos tratando leyes que avanzan sobre la independencia de los Jueces y que contribuyen a la impunidad de quienes Gobiernan.
A días de que se ventilara –por la actividad periodística y no por la intervención del Ministerio Público Fiscal ni la UIF- uno de los más escandalosos casos de corrupción, en lugar de estar viendo como dotamos a la Justicia de los recursos, las herramientas, las garantías y el respaldo institucional que le permitan investigar a fondo y sin cortapisas, estamos tratando leyes que avanzan sobre la independencia de los Jueces y que contribuyen a la impunidad de quienes Gobiernan.
El Viaje y la ausencia de la Presidenta para darse un baño de autoritarismo en Venezuela, sus tweets mundanos, son todo un símbolo de la lejanía del Gobierno con la gente. La Presidenta buscó estar lejos y no lo hizo casualmente. Esta dando un mensaje, un mensaje contrario a las expectativas de la gente, que nos pide que la escuchemos, que nos escuchemos.

“Un gobierno cada vez más autoritario.” “Se politizará aún más la Justicia.” “La gente tendrá menos protección contra las medidas arbitrarias del Gobierno.” “Los juicios serán aún más largos que ahora.”

Para: PUEBLO DE LA NACIÓN ARGENTINA Ciudadanas y ciudadanos, dirigentes políticos de todo el arco opositor, intelectuales, empresarios, líderes sociales, dirigentes sindicales y organizaciones no gubernamentales, firmamos esta Declaración de Rechazo al intento de control de la Justicia por parte del Gobierno Nacional. Detrás del título meramente retórico de “democratizar la justicia” se esconde un intento de suprimir la independencia de los jueces, modificando el régimen republicano que establece la Constitución, en perjuicio de las libertades y derechos de todos los ciudadanos argentinos. Cuando la Presidenta decía: “Vamos por todo”, no mentía. Le toca ahora el turno al último resguardo de los derechos y garantías; la Justicia. Los cambios propuestos en el Consejo de la Magistratura transforman a este organismo [...]

Nota publicada en La Nacion / Por Gustavo Ferrari

La mala relación del gobierno nacional y de la presidenta Cristina Kirchner con Jorge Bergoglio era inocultable, a tal punto que la primera e inmediata reacción de la casi totalidad de sus funcionarios y referentes políticos -además el conglomerado de medios oficialistas- fue contundentemente hostil cuando el cardenal ascendió al trono de Pedro.

Fue una respuesta que respondía a una obediencia sumisa propia de un alineamiento reverencial que ya es costumbre dentro de las filas del cristinismo. Habida cuenta de los antecedentes en la relación, se presumía que había que repudiar.

Pero aun ante las evidentes reservas que la Presidenta guardaba respecto del cardenal, nadie se imaginaba una respuesta tan negativa ante un hecho tan trascendente, histórico e irrepetible como lo es la designación de un argentino al frente de la Iglesia Católica.

La negativa de Irán a someter a su Ministro de Defensa a la Comisión confirma el error estratégico del Gobierno argentino y la mentira del Canciller Timerman.

E instó al Ejecutivo a que “por dignidad deje inmediatamente sin efecto el Acuerdo en lugar de enviarlo al Congreso para su ratificación y ordene a su vez la renuncia inmediata del Canciller Timerman, porque no puede ser que nadie asuma responsabilidades en este Gobierno”.

Y agregó que “es hora también de pensar en una dura reacción diplomática contra Irán y en eventuales sanciones económicas, aún cuando el daño a la soberanía ya se haya materializado”.

A su vez, el legislador, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores expresó que, “esta actitud era algo esperable de un país que siempre -antes y aún después del Acuerdo- ha sostenido su total ajenidad con el atentado”,

Y sentenció: “la negativa de Irán termina de herir de muerte a un Acuerdo sobre el que ni la Presidenta ni su Canciller coinciden, ya que mientras la primera asegura que contribuirá a avanzar con la investigación judicial, el segundo sostiene que solo culminará en recomendaciones a los Ejecutivos que no tendrán incidencia en el trabajo independiente de la Justicia”.

El acuerdo celebrado con Irán, por el que se constituye una Comisión internacional con facultad para expedirse sobre el más cruento atentado sufrido por compatriotas en suelo argentino, constituye en primer lugar la más vergonzosa claudicación de la soberanía nacional. Una soberanía que más que declamarse desde Twitter o un atril, debe ejercerse garantizando la vigencia de las Leyes de la República y la jurisdicción de sus Tribunales.
Es que –primera certeza– cuando se autoriza a una Comisión ‘ad hoc’ a fijar sus propias ‘reglas de procedimiento’ (cláusula 2 del Memorando) y cuyas recomendaciones sobre ‘como proceder’ se deben evaluar ‘en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes’ (cláusula 4), no se hace otra cosa que violar el principio de territorialidad de la Ley penal argentina.
Facultar a esa Comisión a ‘analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales’ de ambos países, dándole la posibilidad a la parte acusada de participar en un pie de igualdad en la investigación, y autorizar a ‘interrogar’ –no a ‘indagar’– a algunos de los acusados en su propio país (cláusula 5) vulnera la exclusiva competencia de nuestra Justicia sobre hechos cometidos en suelo argentino.
Ni EE.UU. ante el atentado a las Torres, ni España en Atocha –para citar los últimos casos más trágicos– han procedido de tal forma, y tampoco ha ocurrido ello en el caso de ‘Lockerbie’, en el que pretende apoyarse la Presidente, ya que Escocia –donde se llevo a cabo el proceso–, lejos de ser un tercer Estado, se trataba del país sobre cuyo territorio se materializó el atentado contra el vuelo de Pan Am.
En segundo lugar, otra certeza, se trata de un acuerdo leonino para los intereses nacionales que le otorga concesiones inaceptables a un país que no sólo se ha negado sistemáticamente a cooperar con la investigación sino que ha sido rotundo a la hora de sostener su ajenidad con el atentado.
Al mismo tiempo, esa circunstancia pone en crisis la política de derechos humanos de este Gobierno cuando favorece a un Estado que niega el holocausto, pugna por la desaparición del Estado israelí y se encuentra acusado de violar los derechos humanos y desarrollar armas de destrucción masiva.
Lejos de las expectativas triunfalistas que expresó la Presidenta a través de Twitter y el Canciller en sus confusas declaraciones, el diario oficialista Tehran Times, el mismo día en que se firmó el Acuerdo, sostuvo lo que el Gobierno de Ahmadinejad viene reiterando: que el ataque a la AMIA es un misterio en el que la Argentina no ha provisto información significativa sobre las causas y los reales culpables del ‘incidente’, sino que ha sostenido falsas acusaciones contra el Hezbollah e Irán que jamás pudo probar. A su vez, en una editorial más reciente, señaló que si el informe de la Comisión encuentra falta de evidencia en las acusaciones sobre personas inocentes –‘y estamos seguros que así lo harᒖ, los acusados deberán ser compensados y no habrá interrogatorios según lo acordado por ambos países. En igual sentido, la agencia de noticias Fars, también de Tehran, sostuvo tras la firma del Memorando que “dieciocho años de esfuerzos han fracasado para avanzar en el caso y probar algo contra Irán, indicando que Irán es inocente”.
Estas son certezas, pero quiero detenerme en las dudas que deja este Acuerdo, negociado en el más férreo hermetismo, de cuyas pocas cláusulas –no son más de cinco las medulares–, de carácter sumamente genérico y ambiguo, puede depender la suerte de años de denodada investigación del Fiscal Especial Alberto Nisman, sobreponiéndose a otros tantos de desidia y encubrimiento.