Artículos

nov 18 (14:40)

Las víctimas primero

En tiempos remotos de la humanidad, la víctima de un daño sólo tenía la facultad de impartir justicia por mano propia para resarcir el agravio recibido. Posteriormente, en un avance para esos tiempos, esa conducta fue morigerada mediante la ley del talión, bajo la premisa del “ojo por ojo, diente por diente”, procuraba impedir excesos y castigos desproporcionados.

Con el advenimiento de los Estados organizados, al ejercer éstos el monopolio de la fuerza y de la administración de justicia, la víctima es prácticamente excluida para ser representada por el Estado en el proceso judicial. Es que, con el devenir del derecho positivo, la víctima dejó de ser la damnificada por un delito para pasar a serlo la ley, siendo el Estado, como autor y garante de la vigencia de esa norma, el facultado para impartir justicia.

La víctima es entonces simbolizada en la comunidad, y no son sus derechos inmediatos, sino los bienes jurídicos inmateriales de la sociedad los que el derecho penal protege, ya no mediante la acción privada de la víctima, sino por la acción pública del Estado.

De tal forma, la víctima no participa como parte del proceso y, en aquellos casos en los que es habilitada como querellante -una vez cumplidos una serie de requisitos y siempre que el Ministerio Público Fiscal impulse la acción penal-, no tiene mayor injerencia en la dirección del proceso. Su rol se limita a acompañar la actividad del fiscal en su carácter de representante del interés público de esa comunidad. Y ello, además, en aquellos casos en los que la víctima pueda afrontar los costos de un abogado querellante, lo que en una primera conclusión nos permite subrayar una evidente asimetría entre víctimas con más derechos y mejores resultados que otras según las posibilidades económicas que tengan, tal como fue magníficamente expuesto por Romina Manguel en su artículo “Una excepción que debería ser la regla”, publicado en estas mismas páginas el pasado 3 de octubre.

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sep 23 (12:03)

Se recupera el rol de la sociedad en la Justicia

La provincia de Buenos Aires ha incorporado el juicio por jurados como la forma de concluir sus juicios criminales, tal como ya lo han hecho Córdoba, Neuquén y Chubut.

Desde el denarvaísmo hemos acompañado esta iniciativa legislativa -como lo venimos haciendo a nivel nacional- porque entendíamos impostergable el cumplimiento del mandato de nuestra Constitución Nacional, resultado de la resistencia a un sistema de justicia colonial, que tenía su único fundamento en la aplicación inflexible de las leyes dictadas por una monarquía lejana de la realidad social local.

Es que de eso se trata el juicio por jurados: de la recuperación del rol esencial de la sociedad en la administración de justicia. Una participación que contribuye a “democratizar” -en su correcto sentido- el poder delegado para impartir justicia, que no es menos que decidir sobre el honor, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos, y que permite conjugar el rigor y generalidad de la “letra fría” de la ley con el caso particular, lo que los clásicos llamaban “equidad” y, con el vivo sentir del pueblo, esto que Durkheim denominaba “conciencia colectiva”.

Cuando se analiza la razón del juicio por jurados muchas veces se lo vincula con la necesidad de darle más garantías al imputado de un delito, con fundamento en que nuestra Constitución lo aborda en las “Declaraciones, Derechos y Garantías”. Por ello, la ley sancionada por la provincia establece que “el imputado [...] podrá renunciar a la integración del tribunal con jurados”, haciéndolo optativo.

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jun 26 (17:49)

FERRARI LE RESPONDE A GIUSTOZZI

“Sabemos como calificar al Frente Renovador” Ante las declaraciones de Darío Giustozzi, quien atacó a De Narváez y dijo que ‘de un lado y del otro no saben cómo calificarnos. Todo espacio nuevo siempre nace diverso’. Ferrari respondió que “desde el denarvaísmo si sabemos calificarlos porque de ninguna manera es diverso. Las mismas afirmaciones de Giustozzi de estos días evidencian que el espacio es kirchnerista”. “Dijo ayer Giustozzi que ‘tenemos que pensar en fin de mandatos, no de ciclos’. ¿De qué otro ‘ciclo’ podría estar hablando que no sea el “ciclo kirchnerista”?, arrojó Ferrari y aseguró: “Nosotros hemos expresado nuestra posición clara. Queremos que el ciclo kirchnerista tenga un límite en 2013 y termine en 2015”. A su vez, Ferrari […]

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mar 25 (10:04)

La expropiación de Francisco

Por Gustavo Ferrari  para LA NACION La mala relación del gobierno nacional y de la presidenta Cristina Kirchner con Jorge Bergoglio era inocultable, a tal punto que la primera e inmediata reacción de la casi totalidad de sus funcionarios y referentes políticos -además el conglomerado de medios oficialistas- fue contundentemente hostil cuando el cardenal ascendió al trono de Pedro. Fue una respuesta que respondía a una obediencia sumisa propia de un alineamiento reverencial que ya es costumbre dentro de las filas del cristinismo. Habida cuenta de los antecedentes en la relación, se presumía que había que repudiar. Pero aun ante las evidentes reservas que la Presidenta guardaba respecto del cardenal, nadie se imaginaba una respuesta tan negativa ante un hecho tan trascendente, histórico […]

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jun 5 (11:30)

Un candidato a fiscal… poco idóneo

Daniel Reposo, presentado por el Gobierno argentino al cargo de procurador general, apoyó al vicepresidente, Amado Boudou, investigado por corrupción

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner habla con el vicepresidente, Amado Boudou, en diciembre de 2011 en Buenos Aires.

El funcionario de 44 años Daniel Reposo intentará convencer el martes a los 72 senadores de Argentina de que el Gobierno no se equivoca al proponerlo para el cargo de procurador general de la nación (fiscal general). Dentro de una semana, el miércoles 13 de junio, en esa misma Cámara se votará su nombramiento. Y si el Gobierno consigue una mayoría de dos tercios a favor, es decir, al menos 48 de los 72 senadores presentes, Reposo será el nuevo jefe de todos los fiscales argentinos, a pesar del alboroto, la mofa y la indignación que ha provocado su nombre en la oposición.

La candidatura de Reposo sobrevino después de que el vicepresidente del Gobierno, Amado Boudou, sobre quien pesa una denuncia por enriquecimiento ilícito y otra por tráfico de influencias, denunciara el pasado 5 de abril que el entonces procurador general, así como el juez y el fiscal que lo investigaban, carecían de la independencia y honestidad necesarias para juzgarle. Allí donde Boudou puso el ojo y la palabra fueron llegando las tres balas. Pocos días después de su denuncia dimitía el procurador, Esteban Righi, y eran apartados del caso el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo. El Gobierno propuso entonces como candidato a procurador a Reposo, abogado miembro de la Sindicatura, órgano de control interno del Gobierno. Reposo había publicado tuits en las redes sociales en los que expresaba su apoyo al vicepresidente en medio de la tormenta de informaciones periodísticas que lo involucraban con un supuesto tráfico de influencias. “Ayer fuimos testigos de un modelo de militante y de generosidad con Amado Boudou anteponiendo el proyecto y el modelo por sobre sus intereses”, señalaba en un tuit publicado el pasado 22 de mayo en su cuenta (@danielreposo).

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may 2 (12:02)

El discurso y el voto, por igual camino

Lo que el politólogo Bovero llama “autocracias electivas”, en las que el decisionismo del Ejecutivo fuerza normas e instituciones y violenta la libertad y la igualdad, encuentra en nuestro país una de las expresiones más acabadas.

Argumentos no faltan y son palabras de sentimientos populares las que fundan decisiones complejas: “argentinización”, “soberanía”, “pueblo”, todas formando parte de un discurso que, tras su música, esconde consecuencias de una gravedad que no es posible aún dimensionar en pleno.

No puede perderse de vista que ante esas decisiones aventuradas pocos parecen reaccionar, sea porque no lo recomiendan las encuestas o, aún más, porque el miedo atormenta voluntades que prefieren esconderse en el silencio. Así queda el campo libre para que el Gobierno decida lo que quiera y, a la vez, avise a los contradictores, disciplinando conductas.

En el regodeo de esas formas, el Ejecutivo se aprovecha del “todo vale si total no pasa nada” y del “van a ver de qué somos capaces”, expresado en el “vamos por todo”, llevándose por delante cada límite y enviando el admonitorio mensaje disciplinador. YPF es gráfica expresión de esta actitud.

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abr 17 (10:10)

Una política para las Malvinas

La aprobación de la Declaración de Ushuaia por la Cámara de Diputados, ratificando una vez más nuestros intereses soberanos sobre Malvinas, debe dar paso a medidas proactivas en el marco de una política de Estado concreta y uniforme, superando el contexto actual de declaraciones, de “gestos” y de acciones erráticas y sin rumbo cierto.

El Gobierno ha ensayado políticas de acercamiento, con la oferta de vuelos, y, al mismo tiempo, otras en sentido inverso, como las agresiones verbales o la amenaza de sanciones económicas. Esto puede tener un gran impacto mediático o coyuntural, pero resulta infructuoso en aras del fin último de recuperar la soberanía, lo que impone sin lugar a dudas una estrategia coherente de largo plazo.

La causa Malvinas trasciende a los gobiernos y también a éste, que toma decisiones en uso de su legitimidad pero en el marco de un camino que no tiene plazos. Por esa condición de causa nacional imperturbable en la conciencia nacional y por su trascendencia en el tiempo esel Congreso dela Nación quien debe jugar también un rol decisivo enla custodia deacciones y políticas

Así, entiendo que debemos promover acciones concretas que transformen nuestra política gestual o agresiva en decisiones audaces y conducentes.

Creo que es el tiempo de afianzar la alianza estratégica con Brasil y convenir la defensa conjunta del Atlántico Sur y de la Antártida. En paralelo debemos avanzar en definir la forma de nuestro endoso para que Brasil integre elConsejo de Seguridadde la ONU y la agenda de cambios que requiere su funcionamiento.

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mar 16 (11:15)

Para la oposición hay políticas erráticas

La oposición reaccionó con sorpresa y opiniones divergentes sobre la ofensiva judicial que anunció el Gobierno contra empresas que realizan acciones “ilegítimas” de explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

Mientras desde la UCR y el peronismo disidente tildaron de “esquizofrénica” y “errática” la política oficial en la materia, desde la izquierda pidieron cumplir la ley que establece la inhabilitación para estas empresas.

“No entiendo qué política hay sobre Malvinas, porque un día les queremos mandar vuelos, al otro bloqueo comercial, y al otro sancionamos a sus empresas”, señaló el diputado Oscar Aguad (UCR-Córdoba).

Por todo esto, el ex presidente del bloque radical sostuvo: “El Gobierno un día colabora y otro confronta por Malvinas. No puedo decir que la política oficial esté mal porque no la conozco: la conducta del Gobierno es esquizofrénica”.

Algo parecido opinó el diputado Gustavo Ferrari (Frente Peronista-Buenos Aires), mano derecha de Francisco de Narváez. “Si bien es justa la preocupación por los recursos de Malvinas, evidencia que el Gobierno no tiene una estrategia coherente, clara y consistente”, apuntó. Como su par radical, Ferrari sostuvo que el kirchnerismo por momentos promueve “un acercamiento inteligente” y por momentos “medidas drásticas” que tensan la negociación.

“En el contexto de estas políticas erráticas y más allá de la búsqueda de aplausos, no se perciben consecuencias directas de estas medidas para recuperar la soberanía”, fue la conclusión de Ferrari.

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mar 6 (09:56)

Las nuevas recomendaciones del FATF-GAFI

El FATF-GAFI es un organismo integrado por 34 países y dos organismos internacionales, cuyo objeto es el desarrollo de políticas de prevención y combate al lavado de activos, la financiación del terrorismo y, más recientemente, la proliferación de armas de destrucción masiva.

En 1990 emitió sus primeras 40 Recomendaciones, revisadas en 1996. A partir del “9/11″ expandió su competencia a la financiación del terrorismo, dictando 9 Recomendaciones Especiales. Las denominadas 40+9R fueron revisadas por segunda vez en 2003, constituyendo un cuerpo de estándares internacionales comunes con fuerte aceptación en 180 países, y cuyo cumplimiento es monitoreado a partir de un Sistema de Evaluaciones Mutuas.

El proceso de actualización de los estándares es una necesidad que imponen la evolución de las comunicaciones y la informatización de los servicios económicos y financieros de un mundo globalizado, la mutabilidad y creciente complejidad de las maniobras para legitimar activos ilícitos y el cambiante mapa de riesgos a raíz de la expansión, contracción o relocalización de las distintas modalidades del crimen organizado transnacional.
El último proceso de adecuación concluyó recientemente, y tuvo por resultado un nuevo cuerpo de 40 Recomendaciones, publicado el 16 de febrero pasado.

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