Cuando se invoca el verbo “democratizar” no puede dársele otro significado que no sea trabajar por más y mejores derechos para los ciudadanos. Cuando esa “democratización” se pretende aplicar a la Justicia no puede sino pensarse en un proyecto integral de reformas procesales e institucionales que garanticen el más amplio acceso de estos ciudadanos -sobre todo los más vulnerables- a la tutela judicial como resorte para operativizar esos derechos. Y así pensamos en la necesidad cierta de una justicia más ágil y menos burocrática, de lenguaje más llano, con procedimientos más sencillos y menos burocráticos.
Pero mientras ésta es la Justicia moderna que consagraron muchos países y a la que se encamina a paso firme buena parte de Latinoamérica, en la Argentina de hoy todavía debemos seguir velando por principios y presupuestos básicos: la igualdad ante la ley, el estado de derecho y la independencia de aquel Poder del Estado que los garantiza.
Es que los proyectos de “democratización” de la Justicia que en menos de un mes pretende implantar el Gobierno, como lo hemos afirmado con firmeza desde el denarvaísmo, no contribuirán en nada a mejorar el servicio de justicia porque no son una verdadera reforma judicial sino de matriz política, y deben ser interpretados en el marco de un proyecto de construcción de poder que atraviesa una coyuntura social y judicial complicada, enmarcada por recortes de libertades, reclamos populares, decisiones judiciales desfavorables y escándalos de corrupción.

Por Gustavo Ferrari  para LA NACION La mala relación del gobierno nacional y de la presidenta Cristina Kirchner con Jorge Bergoglio era inocultable, a tal punto que la primera e inmediata reacción de la casi totalidad de sus funcionarios y referentes políticos -además el conglomerado de medios oficialistas- fue contundentemente hostil cuando el cardenal ascendió al trono de Pedro. Fue una respuesta que respondía a una obediencia sumisa propia de un alineamiento reverencial que ya es costumbre dentro de las filas del cristinismo. Habida cuenta de los antecedentes en la relación, se presumía que había que repudiar. Pero aun ante las evidentes reservas que la Presidenta guardaba respecto del cardenal, nadie se imaginaba una respuesta tan negativa ante un hecho tan trascendente, histórico [...]

El acuerdo celebrado con Irán, por el que se constituye una Comisión internacional con facultad para expedirse sobre el más cruento atentado sufrido por compatriotas en suelo argentino, constituye en primer lugar la más vergonzosa claudicación de la soberanía nacional. Una soberanía que más que declamarse desde Twitter o un atril, debe ejercerse garantizando la vigencia de las Leyes de la República y la jurisdicción de sus Tribunales.
Es que –primera certeza– cuando se autoriza a una Comisión ‘ad hoc’ a fijar sus propias ‘reglas de procedimiento’ (cláusula 2 del Memorando) y cuyas recomendaciones sobre ‘como proceder’ se deben evaluar ‘en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes’ (cláusula 4), no se hace otra cosa que violar el principio de territorialidad de la Ley penal argentina.
Facultar a esa Comisión a ‘analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales’ de ambos países, dándole la posibilidad a la parte acusada de participar en un pie de igualdad en la investigación, y autorizar a ‘interrogar’ –no a ‘indagar’– a algunos de los acusados en su propio país (cláusula 5) vulnera la exclusiva competencia de nuestra Justicia sobre hechos cometidos en suelo argentino.
Ni EE.UU. ante el atentado a las Torres, ni España en Atocha –para citar los últimos casos más trágicos– han procedido de tal forma, y tampoco ha ocurrido ello en el caso de ‘Lockerbie’, en el que pretende apoyarse la Presidente, ya que Escocia –donde se llevo a cabo el proceso–, lejos de ser un tercer Estado, se trataba del país sobre cuyo territorio se materializó el atentado contra el vuelo de Pan Am.
En segundo lugar, otra certeza, se trata de un acuerdo leonino para los intereses nacionales que le otorga concesiones inaceptables a un país que no sólo se ha negado sistemáticamente a cooperar con la investigación sino que ha sido rotundo a la hora de sostener su ajenidad con el atentado.
Al mismo tiempo, esa circunstancia pone en crisis la política de derechos humanos de este Gobierno cuando favorece a un Estado que niega el holocausto, pugna por la desaparición del Estado israelí y se encuentra acusado de violar los derechos humanos y desarrollar armas de destrucción masiva.
Lejos de las expectativas triunfalistas que expresó la Presidenta a través de Twitter y el Canciller en sus confusas declaraciones, el diario oficialista Tehran Times, el mismo día en que se firmó el Acuerdo, sostuvo lo que el Gobierno de Ahmadinejad viene reiterando: que el ataque a la AMIA es un misterio en el que la Argentina no ha provisto información significativa sobre las causas y los reales culpables del ‘incidente’, sino que ha sostenido falsas acusaciones contra el Hezbollah e Irán que jamás pudo probar. A su vez, en una editorial más reciente, señaló que si el informe de la Comisión encuentra falta de evidencia en las acusaciones sobre personas inocentes –‘y estamos seguros que así lo harᒖ, los acusados deberán ser compensados y no habrá interrogatorios según lo acordado por ambos países. En igual sentido, la agencia de noticias Fars, también de Tehran, sostuvo tras la firma del Memorando que “dieciocho años de esfuerzos han fracasado para avanzar en el caso y probar algo contra Irán, indicando que Irán es inocente”.
Estas son certezas, pero quiero detenerme en las dudas que deja este Acuerdo, negociado en el más férreo hermetismo, de cuyas pocas cláusulas –no son más de cinco las medulares–, de carácter sumamente genérico y ambiguo, puede depender la suerte de años de denodada investigación del Fiscal Especial Alberto Nisman, sobreponiéndose a otros tantos de desidia y encubrimiento.

Gustavo Ferrari acaba de llegar de vacaciones y ya está trabajando para renovar su mandato y el de Francisco de Narváez en Diputados. Su objetivo es convertirse en la carta contra el plan “Cristina eterna”.

–¿Este año podrían formar alianzas? ¿Con quiénes?
–Tenemos una clara definición que es hacer cumplir esta Constitución antes que cambiarla. Hay que dejar en claro de qué lado se va a estar, hay que decir si se está en contra de la re-reelección y de la reforma constitucional. Si se va a estar del lado de los que propugnan la posibilidad de una Cristina eterna, una reelección, o aquellos que defendemos la libertad, la alternancia. En esa línea, querríamos convocar al peronismo no kirchnerista y ojalá el PRO, porque una propuesta con divisiones en la oferta electoral sería funcional al kirchnerismo. Entonces podría haber un esquema con una oferta del radicalismo y el FAP (unidos o separados), el Gobierno y el peronismo no K con el PRO.
–¿El intendente de Tigre, Sergio Massa, de qué lado quedaría?
–Es la definición que De Narváez le está pidiendo públicamente. Si juzgo sus antecedentes –desde haber sido candidato testimonial hasta haber recibido a funcionarios K como Alicia Kirchner– y la falta de definición ante la re-reelección, implica que de alguna manera está de un lado.

–El que calla otorga…

En momentos en que políticos y constitucionalistas, Gobierno y oposición discutimos sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios, los alcances y efectos de las medidas cautelares y el per saltum, la realidad, luego del fallo sobre el caso de Marita Verón, nos ha devuelto abruptamente a los temas que verdaderamente importan, a la agenda de los ciudadanos.
Aún refiriéndonos a un fallo del que se desconocen sus fundamentos, no se puede desconocer la consternación unánime de la sociedad, ya que una condena hubiera acercado algo de consuelo y justicia a su madre y a su hija Micaela y resultado un mensaje muy claro para las redes de trata.

Son estos los casos judiciales que verdaderamente preocupan y conmueven a la sociedad y sobre los que debemos concentrar la atención, por sobre si un medio tiene más o menos licencias de las permitidas. Se trata de la vida de nuestras mujeres y niños, de la esclavitud en pleno siglo XXI.

El pasado 8 de noviembre un número importante de argentinos reclamó -en las calles y desde sus hogares-
por la inseguridad y la inflación, pero también pidió por la independencia de la Justicia.

Algunos lo hicieron comprendiendo el rol que el principio republicano de la división de Poderes cumple
como resguardo al abuso de los gobiernos, pero la enorme mayoría no necesitó encontrar fundamento en este
complejo mecanismo institucional para reclamar que exista una Justicia independiente que resguarde sus derechos
ante el evidente crecimiento del poder del Gobierno.

Respecto de los dos principales reclamos, seguramente nada hará el kirchnerismo porque los desconoce, pero con
la independencia de la Justicia se espera algo mucho peor que la inactividad.

“Con este cambio la representación gubernamental quedará a un paso del quórum propio”
Se espera un mayor avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial que en mucho ya se apreció en la remoción
del juez y el fiscal que investigaban al Vicepresidente, y del procurador Righi y la postulación de Reposo en
su reemplazo. Y se aprecia en la obscena injerencia del gobierno nacional en la causa por la aplicación de la Ley
de Medios, a través del hostigamiento a los distintos jueces que les tocó o les tocará intervenir y a los miembros
del Consejo de la Magistratura que se oponen al nombramiento para esa causa de un juez que responda al Gobierno.

Esta vez, el decreto por el cual el Poder Ejecutivo interviene fuertemente en toda la cadena de valor de los hidrocarburos no puede sorprender a nadie. Más allá de que podamos rechazar los términos y la constitución de la comisión o lamentar la concreción de la desfederalización de un sector propio de las provincias, lo que no se puede es rasgarse las vestiduras o mostrarse sorprendidos por el contenido del decreto.

Ni los gobernadores ni, mucho menos, los senadores y los diputados que votaron la ley pueden sentirse “engañados” por algo que estaba perfectamente explicitado en el artículo 1° de la ley cuando se declaraba de “interés público nacional” no sólo el “autoabastecimiento”, sino a todo el proceso completo del sector hidrocarburífero, al decir: “[...] así como la explotación, exploración, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”. Y podemos agregar: “No sólo de YPF”.

Porque ,además, si no era suficientemente clara la voluntad que el Gobierno plasmaba en la ley, el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, al cerrar el debate en Diputados, previo a la votación, volvió a alertar al señalar que “el artículo 1° del proyecto es tan importante como el que declara de utilidad pública a YPF [.] todas las empresas petroleras que funcionan en la Argentina, YPF y el resto, tendrán que cumplir con ese objetivo de interés público” (“Aplausos”, dice la versión taquigráfica).

Perdiendo tiempo, generando discusiones y enfrentamientos que hubieran sido evitables de habernos centrado en un debate serio, racional y consistente, la dimisión obligada de Daniel Reposo nos encuentra una vez más ante una justificación centrada en acusaciones a terceros.

Nos hubiera gustado que la Presidenta, públicamente como acostumbra a hacer, reconociera el error de postular a un candidato sin los requisitos constitucionales de idoneidad e independencia. Sin embargo, lamentablemente, se optó otra vez por el “relato”, que le toco exponer al vocero presidencial, portavoz de las cartas de renuncia de Reposo, quien venía de haber sido felicitado poco antes por la mandataria en un acto público.

Nuevamente, la apelación a confabulaciones políticas y mediáticas “contra el modelo”, como muletilla repetida, pretendió esconder que los únicos responsables de la renuncia de Reposo son el propio candidato que, aun con un CV adulterado, no alcanzaba las condiciones mínimas para ser jefe de los fiscales, y el Gobierno, que no quiere entender que su legitimidad electoral no lo habilita a la arbitrariedad y al autoritarismo perpetuo.

Daniel Reposo, presentado por el Gobierno argentino al cargo de procurador general, apoyó al vicepresidente, Amado Boudou, investigado por corrupción

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner habla con el vicepresidente, Amado Boudou, en diciembre de 2011 en Buenos Aires.

El funcionario de 44 años Daniel Reposo intentará convencer el martes a los 72 senadores de Argentina de que el Gobierno no se equivoca al proponerlo para el cargo de procurador general de la nación (fiscal general). Dentro de una semana, el miércoles 13 de junio, en esa misma Cámara se votará su nombramiento. Y si el Gobierno consigue una mayoría de dos tercios a favor, es decir, al menos 48 de los 72 senadores presentes, Reposo será el nuevo jefe de todos los fiscales argentinos, a pesar del alboroto, la mofa y la indignación que ha provocado su nombre en la oposición.

La candidatura de Reposo sobrevino después de que el vicepresidente del Gobierno, Amado Boudou, sobre quien pesa una denuncia por enriquecimiento ilícito y otra por tráfico de influencias, denunciara el pasado 5 de abril que el entonces procurador general, así como el juez y el fiscal que lo investigaban, carecían de la independencia y honestidad necesarias para juzgarle. Allí donde Boudou puso el ojo y la palabra fueron llegando las tres balas. Pocos días después de su denuncia dimitía el procurador, Esteban Righi, y eran apartados del caso el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo. El Gobierno propuso entonces como candidato a procurador a Reposo, abogado miembro de la Sindicatura, órgano de control interno del Gobierno. Reposo había publicado tuits en las redes sociales en los que expresaba su apoyo al vicepresidente en medio de la tormenta de informaciones periodísticas que lo involucraban con un supuesto tráfico de influencias. “Ayer fuimos testigos de un modelo de militante y de generosidad con Amado Boudou anteponiendo el proyecto y el modelo por sobre sus intereses”, señalaba en un tuit publicado el pasado 22 de mayo en su cuenta (@danielreposo).

Daniel Scioli anunció su legítima y lógica intención de ser candidato presidencial y ello bastó para que se desencadenara una infinita sucesión de voces oficialistas cercanas al Ejecutivo denostando su decisión por extemporánea y descalificándola en forma exagerada.

Esas voces, que no critican las intenciones de una “Cristina eterna” o las búsquedas de reformas constitucionales para la reelección están ocultando que en verdad el Gobierno y directamente el Poder Ejecutivo y sus brazos ejecutores son quienes explícitamente están “hablando de candidaturas”.

¿Qué significan si no los sucesivos ataques que recibe Daniel Scioli de su vicegobernador y de las agrupaciones cercanas al Gobierno Nacional? ¿Por qué se avalan con votos oficialistas investigaciones en el Senado provincial contra el gobernador y se rechazan -también con votos oficialistas- en el Senado Nacional contra Boudou? ¿Por qué se oprime financieramente a la Provincia y se auxilia a otras?