Cuando se invoca el verbo “democratizar” no puede dársele otro significado que no sea trabajar por más y mejores derechos para los ciudadanos. Cuando esa “democratización” se pretende aplicar a la Justicia no puede sino pensarse en un proyecto integral de reformas procesales e institucionales que garanticen el más amplio acceso de estos ciudadanos -sobre todo los más vulnerables- a la tutela judicial como resorte para operativizar esos derechos. Y así pensamos en la necesidad cierta de una justicia más ágil y menos burocrática, de lenguaje más llano, con procedimientos más sencillos y menos burocráticos.
Pero mientras ésta es la Justicia moderna que consagraron muchos países y a la que se encamina a paso firme buena parte de Latinoamérica, en la Argentina de hoy todavía debemos seguir velando por principios y presupuestos básicos: la igualdad ante la ley, el estado de derecho y la independencia de aquel Poder del Estado que los garantiza.
Es que los proyectos de “democratización” de la Justicia que en menos de un mes pretende implantar el Gobierno, como lo hemos afirmado con firmeza desde el denarvaísmo, no contribuirán en nada a mejorar el servicio de justicia porque no son una verdadera reforma judicial sino de matriz política, y deben ser interpretados en el marco de un proyecto de construcción de poder que atraviesa una coyuntura social y judicial complicada, enmarcada por recortes de libertades, reclamos populares, decisiones judiciales desfavorables y escándalos de corrupción.